No es novedad que la obtención de los permisos ambientales sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrentan los proyectos de inversión en Chile. Este marco regulatorio es fundamental para el cumplimiento de los estándares técnicos de las iniciativas, así como también para garantizar su convivencia con el entorno socioambiental.
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No es novedad, que este proceso se ha visto afectados por una excesiva burocracia, tiempos de espera prolongados y la falta de certeza jurídica.
Como antecedentes, se estima que la obtención de la gama de permisos para proyectos tipo explotación minera sobre 5 mil toneladas mensuales que considere planta desaladora, puede tardar casi una década. Por su parte, la gama de permisos para un proyecto tipo línea eléctrica de alto voltaje, el plazo puede rondar los cinco años.
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), y levantamientos de información del el Ministerio de Economía, se han identificado en total 380 autorizaciones sectoriales, las cuales son tramitadas por 37 tipos de organismos del Estado, lo que refleja una complejidad abrumadora. Entre los servicios con mayor concentración de autorizaciones sectoriales están las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, el Servicio de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, la Dirección General de Aguas y las Direcciones de Obras Municipales.
Es dificultoso y poco atractivo proyectar una industria que se desarrolle, en busca de consolidar operaciones más eficientes, productivas y sostenibles, en un escenario donde las empresas deben lidiar con largos plazos e incertezas de tramitación. Como respuesta a este panorama, el país avanza en dos proyectos de ley, promovidos por la actual administración, correspondientes a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuyos objetivos se enfocan optimizar la entrega de autorizaciones, dando mayores certezas a la inversión, manteniendo los estándares técnicos.
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Entre las alternativas que se evalúan, el Sistema Inteligente de Permisos –en discusión legislativa– podría reducir en un 30% el plazo de la obtención de permisos sectoriales, manteniendo las exigencias y estándares técnicos. Así mismo, el proyecto de Reforma al SEIA (que actualiza el Reglamento del SEIA y que se encuentra en fase de consulta pública) aspira a fortalecer la institucionalidad existente y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación Ambiental para entregar mayor certeza jurídica.
Sin contar con las mejoras y en espera de los proyectos de Ley, por ahora la principal estrategia para optimizar el proceso de obtención de permisos ambientales es la identificación de estos desde las etapas tempranas de ingeniería, lo que considera trabajo mediante equipos multidisciplinarios que permitan la identificación y programación de las actividades, definiendo rutas críticas y estudios necesarios, considerando en cada etapa las sensibilidades socioambientales presentes.
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De esta manera es posible programar con antelación el proceso secuencial de las gestiones en conjunto con los costos asociados, en especial considerando los aspectos más críticos para el desarrollo, tramitación y la aprobación de las iniciativas.
