Por Francisco Mardones, Experto en Internacionalización de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec).
Cada cierto tiempo, en los círculos empresariales de tecnología, resurge la historia de la planta que Intel buscó instalar en Chile a finales de los años 90 y que finalmente se estableció en Costa Rica, ya que, entre otras cosas, el Estado chileno no estuvo dispuesto a otorgar incentivos especiales. En la reciente conferencia anual del Council of the Americas, el ministro Marcel hizo una mención que me recordó esa vieja historia:
“Chile es un país abierto a la inversión extranjera. Nosotros no negociamos inversiones particulares, sino que tenemos un conjunto de reglas del juego abiertas a quienes quieran venir a Chile”.
Eduardo Pérez
Creo que generar condiciones generales es el camino correcto, ya que evita la corrupción, el clientelismo y abre el espacio a otras inversiones que tal vez no están en el radar del Gobierno de turno, siempre y cuando se haga con la ambición de ser el mejor destino para la inversión en la región. Para ello, es importante revisar regularmente la política de incentivos y, sobre todo, trabajar muy activamente en dar certeza y agilidad a los proyectos de inversión. Hoy se discute cómo abordar la lentitud y poca predictibilidad en la autorización de los proyectos de inversión, la famosa “permisología”. Esto está trabado por la discusión sobre si se crea o no una nueva agencia, lo cual no deja de llamar la atención dado que el Estado de Chile ya cuenta con una agencia de inversiones llamada InvestChile.
Francisco Carrasco M.
InvestChile es hoy una puerta de entrada reconocida para el sector privado, donde las compañías reciben apoyo técnico especializado para el desarrollo de sus proyectos de inversión en el país. Por lo tanto, valdría la pena considerar una ampliación de su mandato y facultades más allá de las inversiones extranjeras, también hacia la inversión local, tal como ocurre con otras agencias de este estilo en el mundo. Es bueno mirar con lupa las decisiones que impliquen la creación de nueva burocracia, pero también hay que usar y escalar las competencias y redes de las instituciones técnicas que ya existen y cuya gestión y buenos resultados son reconocidos transversalmente.
