Luego de varios intentos fallidos, la Contraloría General de la República aprobó el reglamento de la denominada “Ley Uber”, que regula a las empresas de aplicaciones de transporte en Chile. La normativa entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial y contempla un proceso de inscripción de seis meses para conductores, vehículos y plataformas, seguido por un congelamiento de 18 meses para evaluar su funcionamiento.
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El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, valoró la ratificación afirmando que:
“No solo permitirá regular una modalidad que ya operaba de facto, sino también bajo estándares de seguridad para conductores y pasajeros, además de establecer reglas claras y que ya existen para otros modos de transporte”.
Sin embargo, las empresas agrupadas en la Alianza In —que incluye a Uber, DiDi y Cabify— criticaron duramente la decisión. Cuestionaron la falta de diálogo con el ministerio, advirtieron sobre posibles impactos negativos en el ecosistema laboral y aseguraron que el reglamento excede lo establecido por la ley 21.553, transformando el proceso de inscripción en un trámite complejo y restrictivo.
Además, las aplicaciones anunciaron que recurrirán a instancias internacionales por temas de privacidad y protección de datos. Denunciaron que el reglamento exige entregar información sensible como geolocalización y evaluaciones, lo que “podría revelar información sobre salud, creencias religiosas o afiliaciones políticas”, representando un riesgo de discriminación o uso indebido.
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El gremio también citó estudios que advierten que más de 40 mil conductores podrían verse afectados por las nuevas exigencias. En paralelo, subrayaron que las plataformas ya aplican estándares avanzados, como el reconocimiento biométrico.
La industria afirmó que colaborará en la implementación de la ley, pero no descartó acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
