En 2025, las empresas chilenas se enfrentan a un doble desafío: adaptarse a las exigencias de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que eleva los estándares de manejo de información sensible, y aprovechar el potencial de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA).
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Los agentes autónomos no solo optimizan procesos; también ofrecen la capacidad de tomar decisiones de manera ágil y autónoma, un cambio necesario en un país que lleva años con productividad estancada.
La Ley de Protección de Datos Personales actualiza la normativa vigente y alinea a Chile con estándares internacionales, como el reglamento general de la Unión Europea (GDPR). Entre los derechos reconocidos en este nuevo marco regulatorio están el acceso, la rectificación, la supresión, la oposición, la portabilidad y el bloqueo de la información personal. Además, exige a las empresas implementar prácticas más robustas en la gestión, reforzando la confianza del cliente y garantizando una mayor seguridad.
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Por otro lado, las tecnologías emergentes continúan ganando terreno. Según el informe global Talent Trends 2024 de Michael Page, un 75% de los líderes empresariales prevé una transformación radical en sectores clave gracias a la inteligencia artificial en los próximos tres años. Mientras que en Chile, el 74% de las grandes empresas planea incrementar su presupuesto en IA de cara al 2027, de acuerdo con IDC.
Un back-office eficiente no solo reduce costos; también mejora la experiencia del cliente al garantizar que todos los procesos internos estén alineados con la velocidad y la calidad que el mercado demanda.
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La convergencia de normativas modernas y tecnologías emergentes ofrece a Chile una oportunidad única para acelerar su digitalización empresarial. Este avance no solo beneficiará a sectores estratégicos como la banca y retail, sino que también permitirá construir un entorno más competitivo, confiable y preparado para los desafíos globales.
