La reciente aprobación, por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, de la normativa que autoriza a la Policía de Investigaciones (PDI) a utilizar tecnología biométrica en los aeropuertos del país marca un punto de inflexión en la digitalización de los procedimientos de control de seguridad y migración en el control fronterizo.

Este avance no solo implicará una modernización de los procesos o una estrategia para frenar el tránsito de personas con cuentas pendientes con la justicia o sin documentación; también transformará la experiencia de los pasajeros. Al mismo tiempo, esboza dudas esenciales sobre la privacidad y la protección de los datos personales en la búsqueda de mayor eficiencia.
Los beneficios de esta tecnología son clarísimos. Los sistemas biométricos posibilitan una identificación rápida y precisa, lo que disminuye significativamente los tiempos de espera en las etapas de embarque y llegada.

En aeropuertos con un flujo constante de viajeros, esto optimiza la experiencia del usuario y refuerza la seguridad al reducir errores humanos y detectar amenazas potenciales con mayor eficacia. Además, la capacidad de estos sistemas para integrarse con bases de datos internacionales puede fortalecer la cooperación entre países en la lucha contra el crimen transfronterizo.
A pesar de sus ventajas, el uso de datos biométricos plantea preocupaciones legítimas en torno a la privacidad. La recolección y el almacenamiento de data sensible requieren regulaciones claras y estrictas que aseguren un uso ético y responsable.

Es crucial que la implementación de estos sistemas venga acompañada de políticas públicas transparentes y mecanismos independientes de supervisión que garanticen la protección de los derechos individuales.
¿Quién tiene acceso a estos datos? ¿Por cuánto tiempo se conservan? ¿Existe un procedimiento claro para su eliminación? Estas preguntas tienen una importancia superlativa en un entorno donde la seguridad no puede ser excusa para un monitoreo invasivo.

Al dar este paso, Chile tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en la adopción de tecnologías de vanguardia con un enfoque que salvaguarde los derechos digitales. El desafío consiste en equilibrar innovación y privacidad, demostrando que es posible avanzar hacia aeropuertos más seguros y eficientes sin sacrificar las libertades personales.
En definitiva, la confianza de las personas será el verdadero termómetro del éxito de esta ley y de su impacto en la experiencia real de los pasajeros.
