Por Andrés Rebolledo Smitmans, Secretario Ejecutivo Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
En los últimos cinco años, Chile ha sido el país en el cual más ha crecido la generación eléctrica renovable en América Latina y el Caribe. Hoy es uno de los 12 países que se ubica incluso por arriba del promedio regional de renovables, que el año 2024, alcanzó el 68%.
Hace menos de una década nuestro desafío era salir de una severa crisis energética, con un sector hidro-dependiente, muy fosilizado y poco competitivo. Por años no lográbamos ponernos de acuerdo sobre cuál sería la mejor estrategia para abordar esta crisis que era causa de un arduo y acalorado debate político, llegando incluso a expresarse en grandes manifestaciones públicas. Existían muchas dudas aún si las “nuevas” energías (solar y eólica) serían un aporte a la solución.
Francisco Carrasco M.
Así las cosas, el 2015 se publicó la Política Energética 2050, documento estratégico de planificación que se elaboró con la participación activa de todos los actores relevantes del sector público, privado, académicos y la sociedad civil, y se alcanzó un consenso nacional sobre el potencial para desarrollar las energías renovables en nuestro país, cuya visión indicaba que recién el 2050 se alcanzarían un 70% en la matriz eléctrica. Recordemos que aquel año, la penetración de las energías solar y eólica llegaban tan solo al 5%.
Pero Chile ya ha logrado la meta establecida para el año 2050. Esto significa que la transición energética se adelantó un cuarto de siglo con relación a las proyecciones realizadas en su momento, lo cual sin duda es un motivo de orgullo para el país y un ejemplo para la región.
Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles han sido los factores que han permitido a Chile alcanzar estos resultados en un tiempo tan breve? En primer lugar, invertir en energías limpias no solo contribuye a avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable, sino que esencialmente es un muy negocio rentable. Es por ello que Chile se ha convertido en uno de los países que se tornan más atractivos para la inversión en este sector.
De hecho, en la última década la inversión privada ha movilizado $35 mil millones de dólares en infraestructura de generación renovable y almacenamiento, incluyendo los proyectos que están en ejecución.
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Los inversores privados han encontrado en el mercado nacional una sólida institucionalidad y un marco regulatorio de certidumbre impulsado por gobiernos de diferente signo político, incluyendo el actual, que ha seguido profundizando esta agenda. Es decir, el desarrollo del sector energético ha sido abordado como una política de Estado, lo que ha entregado las señales adecuadas y la estabilidad necesaria para fomentar el proceso de inversión de mediano y largo plazo.
Pero esta primera etapa de la transición energética de Chile también ha dejado lecciones y tareas que deben cumplirse, sobre todo a nivel regulatorio, para mantener este nivel de crecimiento y consolidar un mercado eléctrico sólido, sostenible y asequible para todos los usuarios.
Esto además implica la necesidad de realizar los ajustes que se requieren para alcanzar el crecimiento armónico del sector en su conjunto que involucre, además, a la transmisión y la distribución eléctrica para evitar desfases que pudieren afectar la sostenibilidad del en el futuro y desincentivar la inversión.
El trabajo conjunto y coordinado de los países en un ambiente colaborativo constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la región en su conjunto. Por ello, la transición energética de Chile, que ha logrado diversificar aceleradamente su matriz de generación, constituye un modelo interesante.
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