Por Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro empresas.
Hace algunos días fuimos testigos de la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad, que convirtió a Chile en el primer país de América Latina y el Caribe en aprobar una normativa de esta envergadura. Si bien es un gran avance, queda latente el desafío que tenemos frente a nosotros.
Francisco Carrasco M.
Durante los últimos años, las TIC han tomado un rol fundamental en la manera de desenvolvernos como sociedad. La consolidación de este mundo digital ha traído múltiples oportunidades y crecimiento tanto social como económico. Sin embargo, la mayor parte de ellas, no fueron diseñadas pensando en la seguridad de la información, posibilitando que diversos actores sean capaces de dañar a personas y organizaciones a través de estas tecnologías.
En ese sentido, debemos tener en cuenta que hoy, nuestro país se encuentra en un nivel medio de madurez en la materia. De hecho, según el último Índice Nacional de Ciberseguridad –que mide la preparación de los países para prevenir amenazas cibernéticas y gestionar incidentes cibernéticos– Chile destaca en desarrollo de políticas de ciberseguridad, lucha contra el cibercrimen y operaciones militares; pero se queda atrás en protección de servicios esenciales, protección de servicios digitales, gestión de crisis y protección de datos personales.
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Pero, para avanzar es necesario que entendamos que la ciberseguridad no es un fin en sí mismo, sino que, de existir, actúa como un habilitador en el uso de herramientas potenciadoras de nuestra actividad social y económica. Precisamente, por esto resulta tan importante que la Ley Marco establezca la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI). Mediante la generación de esta nueva institucionalidad descentralizada, se apuntará al fomento de la prevención, la formación de una cultura pública en seguridad digital y la protección en el ciberespacio con facultades reguladoras, sancionadoras y fiscalizadoras.
Otro aspecto de la Ley Marco se vincula con la necesidad-país de contar con una infraestructura resiliente, capaz de resistir y recuperarse de incidentes cibernéticos, minimizando así el impacto en los sistemas críticos y garantizando la continuidad de las operaciones tanto en el sector público como en el privado. Esto implica una gestión de riesgos eficiente y la implementación de medidas preventivas, como la identificación temprana de vulnerabilidades y la adopción de buenas prácticas en seguridad.
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En definitiva, la protección de Chile en la era digital es un desafío que nos convoca a todos. La implementación efectiva de la Ley Marco de Ciberseguridad requiere una colaboración sin precedentes entre el Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Hay que ser enfáticos, la colaboración no es opcional, es esencial; solo así podremos asegurar un futuro digital seguro y prometedor para Chile y su gente.
