Por Marcelo Mora, CEO de IDOK.
En el umbral de una nueva era para la administración pública chilena, nos encontramos ante un panorama de desafíos y oportunidades sin precedentes. La Ley 21.180, que impulsa la digitalización integral de los procedimientos administrativos estatales, marca un antes y un después en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Con un plazo que se extiende hasta finales de 2027, las entidades municipales se enfrentan a una carrera contra el tiempo para modernizar sus procesos y adaptarse a las exigencias actuales.
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Eso sí, la transformación digital de los municipios no es solo una cuestión de cumplimiento legal; sino que representa una oportunidad única para plantear una nueva forma de impulsar la gestión pública. Aquí, por ejemplo, herramientas como la firma electrónica avanzada, emerge como una pieza fundamental, ofreciendo un abanico de posibilidades que van mucho más allá de la mera sustitución del papel, en trámites tan relevantes como la renovación del permiso de circulación.
No obstante, el camino hacia la digitalización municipal no está exento de obstáculos. La existencia de firmas electrónicas internas desarrolladas por el Estado, ha demostrado ser insuficiente para las necesidades reales de una administración moderna, a pesar de la buena intención de su razón de ser.
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Es que por estar limitadas en su alcance y ser carentes de validación internacional, al no cumplir con los estándares de empresas acreditadas ante el Ministerio de Economía y no ser una firma para usuarios privados, coartando su uso en procesos que involucran a ciudadanos, han dejado a los municipios en un entuerto, ya que, por un lado, cuentan con herramientas gratuitas pero restringidas; y por otro, se ven obligados a recurrir a servicios privados para garantizar la estabilidad y la interoperabilidad necesarias en un ecosistema digital complejo.
Aquí la colaboración público-privada en el desarrollo de soluciones de firma electrónica avanzada ha sido un factor relevante. Proyectos innovadores, como los implementados en las direcciones de obras municipales, están demostrando el potencial transformador de estas tecnologías, permitiendo que arquitectos, ingenieros y funcionarios municipales, puedan interactuar de manera fluida y segura en la aprobación de planos y proyectos urbanísticos, todo ello respaldado por firmas electrónicas robustas y reconocidas.
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Lamentablemente, para el plano estatal, ha habido casos lamentables de caída de servicios de estas firmas, producto de ciberataques, que reafirman que el camino es ir implementando, cada vez más, proveedores privados con servicios que cumplen con mejores estándares tanto en estabilidad como en seguridad.
Más allá de la tecnología, el desafío verdadero es el político. Radica en la voluntad política y administrativa para impulsar este cambio. La tecnología existe, los casos de éxito se multiplican, pero se requiere un compromiso firme para generalizar estas soluciones y hacer de la digitalización una realidad en todos los rincones de la administración municipal.
El horizonte que se dibuja es el de una administración municipal totalmente digitalizada, donde cada interacción, desde la solicitud de un permiso hasta la aprobación de un proyecto complejo, pueda realizarse de manera electrónica.
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