Por Benjamín Valverde, gerente general de la división de consumo para América Latina de Hughes.
La reciente aprobación de la ley que establece internet como un servicio público en Chile representa un avance fundamental hacia la democratización de la conectividad en nuestro país. ¿Qué implica esto? En términos concretos, este proyecto reconoce que la conectividad es una necesidad para todos y no un lujo para algunos.
Si profundizamos un poco más, esta ley busca satisfacer las necesidades de comunicación de todos los chilenos, entre otros aspectos, otorgando mayores facultades a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en términos de regulación. Asimismo, establece que los servicios públicos de telecomunicaciones estarán regidos por principios que aseguren la adaptabilidad y sustentabilidad del sector.
Este es un gran paso para concretar la democratización de la conectividad y garantizar que ningún chileno quede aislado. Para lograrlo, se necesita un esfuerzo conjunto entre el gobierno, el sector privado y la sociedad. Se requieren políticas que fomenten la inversión en infraestructura de telecomunicaciones para facilitar su expansión.
En este sentido, es necesario considerar la convergencia de tecnologías, especialmente en términos de fibra óptica, 5G e internet satelital. Estas tres tecnologías no compiten entre sí, se deben visualizar como componentes interconectados que, al trabajar en conjunto, pueden proporcionar una mejor cobertura, con eficiencia en costos de despliegue y una experiencia de usuario óptima.
La fibra óptica, por ejemplo, ofrece una conexión rápida y confiable en áreas urbanas densamente pobladas, pero su despliegue en zonas rurales y remotas es costoso y poco práctico. Por otro lado, el 5G promete velocidades de conexión ultrarrápidas, pero su alcance geográfico también es limitado. Es ahí donde el internet satelital juega un papel crucial para llegar a esas áreas aisladas y lejanas donde la infraestructura terrestre es limitada, costosa o no existe.
La convergencia de estas tecnologías no solo mejorará la conectividad, sino que también impulsará la economía, fomentando la innovación y creando oportunidades para todos los chilenos. Con una conectividad sólida y confiable, las pequeñas empresas pueden expandir su alcance y llegar a nuevos mercados, los estudiantes pueden acceder a recursos educativos de alta calidad, y las comunidades remotas pueden conectarse con el resto del país y el mundo.
La democratización de la conectividad no es solo una cuestión de desarrollo económico, sino también de justicia social. Al garantizar que todos tengan acceso a internet, estamos brindando a cada persona la oportunidad de aprender, crecer y avanzar en la era digital. Es hora de unirnos y trabajar juntos para construir un Chile más conectado, inclusivo y próspero para todos.