La aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos en Chile marca un hito en la región, alineándose con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo.
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Esta normativa refuerza la protección de los datos personales, especialmente de menores y datos sensibles, exige consentimiento expreso y otorga nuevos derechos como la portabilidad de datos. Además, la creación de la Agencia de Protección de Datos garantizará un control efectivo y fomentará la educación ciudadana en materia de privacidad.
Para las empresas, la ley introduce el principio de responsabilidad proactiva, delegando en ellas la implementación de medidas adecuadas para proteger la información, adaptándose a la evolución tecnológica. Si bien el cumplimiento supondrá un esfuerzo mayor para empresas locales sin experiencia en normativas internacionales, las multinacionales probablemente ya cuenten con avances significativos en este ámbito.
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Las sanciones, que alcanzan hasta 20.000 UTM, representan un fuerte incentivo para la adaptación, aunque podrían impactar de manera desproporcionada a las empresas pequeñas. Sin embargo, este marco robusto promete convertir a Chile en un destino atractivo para inversionistas que manejan grandes volúmenes de datos personales.
El éxito de esta ley dependerá de tres pilares fundamentales: la regulación efectiva, el cumplimiento empresarial y la concienciación ciudadana. Aunque el cambio será gradual, este paso posiciona a Chile como un referente en protección de datos en América Latina.
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